Pobladores de los municipios de Puebla y Tlaxcala por donde atraviesa el gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), forman parte de los 16 amparos promovidos por el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) para detener el funcionamiento de la termoeléctrica, acueducto y gasoducto de Huexca.

En rueda de prensa, el FPDTA informó este martes que aún existen amparos promovidos por pobladores de los municipios de San Damian Texoloc en Tlaxcala y otros del estado Puebla, así como suspensiones vigentes que protegen los derechos al agua de los ejidos y la integridad ambiental de los ríos.

En asamblea comunitaria que se lleva a cabo esta tarde en San Juan Ahuehueyo, Morelos, los pobladores votarán si promueven una queja contra los jueces y magistrados que desecharon uno de los 17 amparos y, con ello, les negaron el interés jurídico y legitimo a la defensa de sus recursos y derechos.


Al respecto, el abogado e investigador en derecho por la UAM, Jorge Fernández Souza, señaló que los magistrados cometieron errores de procedimiento al señalar que los pueblos no representan al total de la asociación de concesionarios del agua, cuando son los ejidatarios los que promovieron el amparo, además de sostener el argumento de que no se puede determinar la afectación del ambiente cuando aún no se echa a andar la termoeléctrica.

“Existen inconsistencias en la sentencia debido a que la decisión se basó solo en los peritajes que tenían que haberse hecho después para aclarar que el ejido iba a ser lesionado en sus intereses, no para saber si los pueblos tenían derecho al amparo, es decir, lo que se les negó fue el derecho a probar que tienen derecho a defender los intereses por el agua, la vida y el medio ambiente”.

Con eso, el Poder Judicial puso la carga de la prueba sobre la afectación del PIM en los pobladores antes de aceptar que tienen derecho de defender y pedir que la justicia federal garantice sus propios derechos a través del amparo.

Por ahora, en asamblea comunitaria someterán a votación si formulan una petición para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) conozca el caso del PIM, y si recurren a otras instancias para presentar una queja contra los jueces y magistrados que están resolviendo los amparos “para justificar la imposición de la termoeléctrica”.

“El Poder Judicial que fue creado para equilibrar las acciones del Ejecutivo contra los pobladores, no está cumpliendo su objetivo de vigilar y defender los derechos de los pueblos, sino que está siendo usado para justificar y no detener por más tiempo los megaproyectos de este gobierno”, dijo Juan Carlos Flores Solís, representante del FPDTA-MPT.