Este martes el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica el acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que, a partir de este día, el INE notificará a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) de Puebla y Tlaxcala sobre la coordinación y flujo de datos estatales a la plataforma nacional.

El acuerdo refiere que mientras el sistema o herramienta informática entre en operación, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Oples llevarán a cabo el registro de los sujetos sancionados en forma provisional para que después los datos sean migrados a la plataforma una vez que se encuentre en operación.

Esta obligación se deriva de las reformas en materia de género y la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la obligación de crear un registro nacional de personas sancionadas por violencia de género, con el objetivo de inhibir y erradicar la violencia política contra las aspirantes a cargo de elección en los comicios de 2021.

De ese modo, todas las autoridades electorales locales y federales tienen el deber de elaborar listas de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, además de que en la plataforma se podrán consultar sentencias y expedientes de violencia política.

Los Oples de Puebla y Tlaxcala deberán implementar mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en este delito, de tal manera que el registro nacional se alimente de los registros locales. 

Grupos de mujeres a nivel nacional han señalado que la integración de la plataforma nacional permitirá verificar si una persona cumple con el modo honesto de vivir y si puede registrarse y competir para algún cargo de elección popular.

De acuerdo a los lineamientos, los infractores permanecerán en el registro durante 3 años en caso de que la falta sea leve, 4 si es considerada ordinaria y 5 si fuera especial. 

En caso de que la falta sea cometida por una mujer su permanencia en el registro aumentará un tercio, mientras que las agresiones en contra de población vulnerable incrementará una mitad más su permanencia